Los ciudadanos en general, de acuerdo a las normas legales pueden ser pasibles de denuncias y sentencias por difamación y calumnia, o sea que nadie puede enlodar el nombre de una persona injuriando las honras con términos calumniosos pues todo ello te puede llevar no solo a penas restrictivas, esto puede incluir la cárcel. Tal vez quienes más sean afectos a estas denuncias son los periodistas por la repercusión de la presunta acción delictiva.
Sin embargo, nadie dice nado cuando quienes dañan la imagen y la honra de las personas son las propias autoridades como los policías que en numerosas ocasiones detiene a presuntos delincuentes, allanan sus viviendas , lo más grave es que aun cuando no tienen evidencias concretas de los actos delictivos de los imputados los exponen ante la prensa, son fotografiados esposados colocándoles alias, haciéndolos pasar momentos denigrantes, etc…. de pronto no todos resultan ser culpables, muchos son declarados inocentes y salen en libertad en el primer tramo de la investigación.
La pregunta del millón es, quién les devuelve la honra a los que falsamente imputaron un presunto delito, quién restaura la imagen de estas personas difamadas por los uniformados? Lamentablemente la policía tiene patente de corso parta difamar. Dañar la imagen de las personas y someterlas a la ignominia de malas autoridades, por qué no se les denuncia a ellos por difamación y calumnias y se les obliga a resarcir a las personas a quienes inculparon injustamente. Lamentablemente aquí se aplica la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo angosto para el resto. La policía no requiere de ley de emergencia para corregir los males de esta institución incluyendo actos de corrupción, lo que se necesita con urgencia es una auténtica REFORMA POLICIAL para remover la estructura de una entidad mal traída por las autoridades del más alto nivel.
